La asociación internacional Slow Food respalda al movimiento que se ha constituido en España en apoyo a Josep Pàmies, líder del Convivium Slow Food de Balaguer (Catalunya) y agricultor comprometido desde siempre con la defensa del patrimonio agroalimentario y de la biodiversidad agrícola (para leer el llamamiento y adherirse a la campaña, visiten la página www.freepamies.org).
El 18 de junio tendrá lugar la segunda audiencia del segundo proceso promovido por la justicia española contra Pàmies, para quien la acusación ha pedido 4 años de prisión y el pago de una multa de 50.000 euros. La sentencia del primer proceso, celebrado hace dos años, tuvo como veredicto la libre absolución.
Los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2003, cuando una cincuentena de miembros de la Assemblea Pagesa y de la plataforma Transgenics Fòra se desplazó a un campo experimental de cultivo de BT176, un maíz transgénico de la multinacional Sygenta prohibido ya en los Estados Unidos desde 2001 porque produce resistencia a los antibióticos en los seres humanos. Siguiendo un llamamiento internacional de Vía Campesina, los activistas cortaron simbólicamente una pequeña cantidad de maíz, y un grupo de 13 personas, entre las que se encontraban algunos niños, se dirigió al Ayuntamiento de Lleida para entregar a las autoridades competentes un manifiesto de protesta contra los experimentos incontrolados de OGM en la comarca. Al encontrar cerrada la puerta del Ayuntamiento, los ciudadanos la empujaron para entrar y esperaron la llegada del responsable en el interior del edificio, abandonándolo después pacíficamente. Un año después de estos hechos, Pàmies fue denunciado por un agente de la Guardia Civil bajo la acusación de agresión a la autoridad y lesiones. La imputación es grave, pero el movimiento en defensa de Pàmies ha revelado su falta de fundamento, demostrando, gracias a un informe pericial médico, que las lesiones denunciadas por el agente son anteriores al 2003.
En 1998 el Gobierno español autorizó el cultivo con fines comerciales de plantas genéticamente modificadas. Hasta el ingreso de Rumanía en la Ue, España ha sido el único país donde los OGM se cultivan a gran escala, y en la actualidad son 31 las variedades de maíz autorizadas. Desde 1998 las superficie cultivadas con OGM han aumentado continuamente, siendo Cataluña y Aragón las comunidades que presentan mayores extensiones de campos experimentales. La ley prevé que se indique el número de campos experimentales en cada término municipal, pero sin necesidad de su localización concreta. Los campos están al aire libre, sin control, y se han detectado numerosos casos de contaminación. Las organizaciones ciudadanas denuncian el cultivo de variedades ilegales, la existencia de campos experimentales no autorizados, el incumplimiento de las distancias mínimas entre los campos y la escasez – cuando no inexistencia – de datos, informaciones, análisis y controles.
El avance de los OGM en España está causando enormes problemas de contaminación a los demás cultivos, constituyendo una amenaza tanto para la biodiversidad agrícola como para la libertad de elección de los consumidores. Esporus, un centro de conservación de la biodiversidad catalana, se ha lamentado de que la única variedad de maíz autóctono catalán, el maíz del queixal, haya sido contaminada por la variedad GM cultivada en la región y haya acabado perdiéndose.