Todos por el agua: Nueva Constitución, voluntades de papel y fierros secos

Chile se seca, es la sequia pero también es el saqueo. Leo Heller el relator del Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la ONU llamo al gobierno de Chile a priorizar el agua para las comunidades por sobre la industria de aguacate e hidroeléctrica mientras que el presidente Sebastián Piñera durante la 75° Asamblea General de la ONU llamo a fortalecer el respeto por los DDHH.

Sin embargo a 10 años de la declaración del Derecho Humano al Agua y Saneamiento el Estado chileno dispone de mediocres voluntades y peores condiciones para quienes hoy habitan la larga, angosta y seca franja de territorio al sur del mundo.

El 28 de julio se cumplieron diez años de que la Asamblea General de Naciones Unidas declarara el Derecho Humano al Agua y Saneamiento (DHAS) a través de la resolución A/RES/64/292 (ONU, 2010), mediante la cual se reconoce la importancia de disponer de agua potable, en condiciones sanitarias adecuadas y equitativas como un componente esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Le preceden 43 años de trabajo en planes, agendas, convenciones y conferencias, tal como las recomendaciones y acuerdos adoptados en el “Plan de Acción de Mar del Plata”, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 1977 (ONU, 1978) cuyo objetivo era consagrar el derecho de disponer de agua potable en cantidad y calidad para necesidades básicas como condición inherente de todo ser humano. Sin embargo, a pesar de las cuatro décadas de trabajo en pos del DHAS, en Chile este es un derecho humano que se encuentra lejos de estar consagrado tanto en el marco jurídico nacional, como en la realidad del extenso territorio nacional.

Paisaje nacional: entre la sequía y el saqueo

El país enfrenta una situación de prolongada violación del derecho humano al agua y saneamiento de todos los principios básicos establecidos en la Observación N°15 de Naciones Unidas sobre el DHAS, específicamente principios de disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica, la no discriminación y el acceso a información.

El escenario se consolida por medio de la privatización del agua a través del marco jurídico de la Constitución Política de 1980 y el Código de Aguas de 1981, los que constituyen el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas (DAA), lo que faculta y comprende el agua como un bien económico, entregado a actores privados de manera gratuita y permanente. En consecuencia se separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra, como también sus respectivos mercados de transacción, en los cuales los privados pasan a disponer del libre uso y goce de las aguas, colocando el interés privado y el uso productivo por sobre el consumo humano en la escala prioridades.

Constitución Política de Chile (1980) y Código de Aguas (1980)

Mismo régimen jurídico que excluye de la toma de decisiones a quienes no posean DAA y que pondera los votos de cada propietario por la cantidad de caudal de extracción de agua que posea, privilegiando quienes concentran grandes caudales de agua en desmedro de pequeños campesinos, crianceros y comunidades.

Modelo neoliberal de gestión del agua que reduce potestades administrativas del Estado y prepondera el derecho de privados a través de mecanismos de mercado. Entre los años 1981 y 2015 se han registrado 259.105 transacciones de DAA, para tener una noción solo las transacciones realizadas entre los años 2005 y 2008 equivalen a $4,8 billones de dólares. Mismo mercado que solo en 5 años ha favorecido al empresario Isidoro Quiroga “el zar de las aguas” en ventas de DAA por montos de $25 millones de dólares.

Las consecuencias de la privatización del agua se extienden a lo largo de todo el territorio nacional. El modelo de gestión hídrica está en crisis: 138 comunas con decretos de escasez hídrica; 383.204 viviendas carentes de agua potable; sobre 1 millón de personas sin fuentes formales de abastecimiento de agua; el 80% de las cuencas del país sobreotorgadas, entendido como la diferencia entre los caudales de DAA otorgados en papel y los volúmenes de agua captados en una cuenca hidrográfica, los que superan más de seis veces la captación de agua a escala nacional y la abismante sobreexplotación hídrica en cuencas como río Los Choros con un 824% o del río La Ligua con un 129%.

A esto se suma la situación en las que operan los comités o cooperativas de Agua Potable Rural (APR), encargados del abastecimiento de agua potable en áreas operacionales rurales, solo el 44% tienen sus DAA regularizados, mismas APR en las que se han presentado interrupciones de suministro para 350.000 personas.

Las consecuencias territoriales de lo antes mencionado han generado afectaciones sobre las comunidades colocándolas frente a condiciones de precarización y vulneración de Derechos Humanos.

Más de un millón de personas sufren daños derivados del intermitente acceso a agua, lo que ha llevado a una gran variedad de conflictos por el bien vital ilustrados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a través de su “Mapa de conflictos medioambientales” en el que se contabilizan 49 conflictos por agua. La misma institución confirma la vulneración del DHAS en la Provincia de Petorca a través de sus “misiones de observación” en los años 2014 y 2018, Aquellas dos misiones concluyen que la población de la provincia de Petorca vive una prolongada y constante violación del derecho humano al agua causado por: a) escasez, sequía y sobrexplotación; b) insuficiente marco regulatorio; y c) ineficaces acciones adoptadas por las autoridades.

De manera general, los suministros de agua potable y saneamiento para las comunidades se han visto menoscabados por las prioridades de uso agrícolas definidas por propietarios particulares de derechos de aprovechamiento de agua y en particular de empresas transnacionales.

PROVINCIA DE PETORCA: la capital nacional de la violación del derecho humano al agua

La Provincia de Petorca se encuentra en el extremo norte de la región de Valparaíso, conformada por el valle de La Ligua y el valle de Petorca, unidades geográficas que se sobreponen con los límites comunales de La Ligua, Petorca, Cabildo, Papudo y el subsistema de la comuna de Zapallar.

A principios de la década de 1980, el “antipoeta” Nicanor Parra recorriendo el valle del río La Ligua, en la comuna de Cabildo, junto a su amigo el cronista Cristián Huneeus, observa los cerros y comenta “Es una gangrena que le apareció al cerro. Nunca he visto nada más feo” refiriéndose al relave de Las Cenizas (ubicado frente a la ciudad de Cabildo) y a las suspicacias ecológicas respecto a los “arbolitos que crecen” refiriéndose a los paltos que se extienden a lo largo del valle y en el predio de su amigo, agregando sobre la importancia de llevar un cuaderno de notas de la producción de aguacate.

A pesar de existir registros de producción de palta en la provincia desde el censo agropecuario de 1965, no es hasta la década de los noventa en que la agroindustria de este monocultivo se instala en la provincia de Petorca y trae consigo las dolencias y afectaciones sobre la población ligadas a la escasez hídrica.

Son tres los factores que se conjugaron para incentivar el arribo de empresarios agrícolas en este ámbito: primero, la posibilidad de gozar de derechos de propiedad sobre el aprovechamiento de aguas

entregados a particulares de forma gratuita y permanente; segundo, el acceso a suelos de cerros de bajo precio y baja capacidad agrícola (suelos alfisoles y graníticos), y tercero, incentivos a través de la entrega de bonificaciones de la Ley n°18.450 “ley de riego” para la implementación de riego tecnificado.

Solo durante la década de 1990 en la provincia de Petorca fueron entregadas el 62% del total de las bonificaciones históricas de la “Ley de Riego”. Incentivo para riego tecnificado que permitió vencer la gravedad bombeando agua hacia los cerros y aplicar tecnología de cultivos (camellones) para volverlos fértiles.

Aquellos tres factores de incentivo agroindustrial permitieron que en la provincia de Petorca en 36 años la expansión de áreas cultivadas de paltos aumentara 22 veces su extensión inicial (1976-2008). Periodo que significó el uso intensivo de recursos hídricos y trajo como consecuencia la declaración de la Dirección General de Aguas (DGA) de “áreas de Restricción de explotación de aguas subterráneas”, en 1997 para el río Petorca y en el 2004 río La Ligua.

Las “áreas de restricción” son instrumentos de la DGA para la protección de acuíferos donde exista grave riesgo de descenso en los niveles de agua con el perjuicio del suministro de agua de terceros o cuando los informes técnicos emitidos demuestren que está en peligro la sustentabilidad del acuífero.

Paisajes de lo que hoy se clama popularmente en todo Chile “no es sequía, es saqueo”, dado que hoy en la provincia de Petorca son alrededor de 25.000 personas quienes sufren la escasez del preciado bien natural, abastecidas frecuentemente por camiones aljibes, entre ellas son aproximadamente 2.500 personas quienes no tienen suministros formales de abastecimiento de agua potable y cerca de 22.500 personas las cuales a pesar de tener abastecimiento desde las APR sobreviven con un suministro de agua que en teoría debieran ser 100 litros por persona al día y que sin embargo en la práctica no se encuentran por sobre los 30-50 litros de agua por persona al día, situación que se ve agravada por ser un suministro intermitente y de alta demanda, siendo ya un paisaje cotidiano cientos de camiones aljibes recorriendo la provincia, hogares con cañerías, fierros y estanques de acumulación de agua secos.

La impunidad es parte de esta cotidianeidad en las que se volvieron históricas las denuncias de “robo”, “usurpación” o “extracción irregular de aguas” a través de pozos no autorizados, intervenciones en la caja del río y/o extracción de agua por caudal superior al autorizadas, algunas de ellas después 10 años haber sido realizadas dan con los responsables, siendo un patrón reiterativo la participación irregular de familiares de conspicuos políticos chilenos.

Problemas de escasez de agua que derivan en diversos conflictos sociales tal como la pérdida de economías familiares de subsistencia; la pérdida de cultivos de pequeños campesinos; la muerte del ganado de crianceros; escuelas rurales con dos horas de agua por día; hogares con fuentes de agua informales e intermitentes; el suministro de agua por camiones aljibes con alto contenido de nitritos; y actualmente el escaso suministro de agua para lavado de manos e higienización para enfrentar la pandemia mundial del COVID19. El Derecho al agua es la base para el respeto de todos los Derechos Humanos.

La lucha por el agua es una lucha por la vida y todos los derechos humanos

Tal como dice la Observación General N°15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas “El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.

El marco de derechos humanos vulnerados a lo largo de la prolongada crisis hídrica de la Provincia de Petorca es preocupante. Primero, se enfrentan los casos contabilizados de desabastecimiento de fuentes de agua continuas y de calidad, que suplen la privación de agua por medio de camiones aljibes, no alcanzando los 50 litros de agua diarios por persona, muy por debajo de los 100 litros diarios por persona que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además las comunidades enfrentan la vulneración de sus mecanismos para asegurar medidas de subsistencia de los grupos familiares, tras la pérdida de 4.000 hectáreas de cultivos de pequeños agricultores y/o la pérdida de 5.000 cabezas de ganado de crianceros de la zona, debido la falta de agua de bebida para los animales.

Tercero, la situación en Petorca conlleva precarias condiciones de salud, relacionadas al consumo de agua de bebida, como causa del aumento de enfermedades infectocontagiosas digestivas tales como diarreas y norovirus, como también la contaminación de fuentes de agua potables con alto nivel de nitritos y elementos sobre las normas de calidad del agua nocivos para la salud, grave situación en el contexto de pandemia global COVID-19 dificultando la posibilidad del lavado frecuente manos.

A lo que se suma en fin el quiebre del núcleo familiar convencional. Son sobre 3.000 mujeres quienes hoy se mantienen como jefas de hogar sin presencia de sus cónyuges y/o compañeros dada la migración laboral a zonas mineras de mayor renta, las mismas mujeres quienes se enfrentan al sustento de su grupo familiar con precarias condiciones de abastecimiento hídrico vinculado a alimentación, higiene, salud, presupuesto familiar, etc.

Por último, señalar la condición de vulneración de derechos en la cual se encuentran las niñas y niños de la provincia, dadas en primer lugar, las transgresiones de DDHH mencionadas anteriormente, y en segundo lugar, en las condiciones de vulneración y presión psicológicas vistas en la percepción sobre las consecuencias sobre el entorno natural y sobre el sustento laboral de sus familiares, en los cortes de agua en los establecimientos educacionales, los cuales cuentan con 2 horas de agua al día trayendo consigo la privación de servicios de alimentación escolar y específicos problemas de higiene para las y los jóvenes pubertos con cambios hormonales, sociales y psicológicos , como también sentimientos de rabia e impotencia al ser difícil comprender por qué ciertas personas realizan privan de acceso de agua y saneamiento a la comunidad.

El Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y saneamiento, señor Leo Heller, el día 20 de Agosto del año 2020 sostuvo en un comunicado de prensa: “No es posible que en Chile, la electricidad y la producción de aguacates sean más importantes que el derecho humano al agua”, semanas después en un webinar junto a MODATIMA Heller nos señaló “Es fundamental que si hay un cambio Constitucional que los DDHH al Agua y Saneamiento estén explícitos en la constitución”.

Ante esta situación, los antecedentes señalados en este documento, la urgencia de dar pronta solución a los conflictos del agua dado que cada día que pasa son vidas que se encuentran en juego y en el proceso contexto de redacción de una Nueva Constitución en Chile.

Llamamos al pueblo chileno a desbordar de participación este proceso político social, a recuperar los bienes comunes naturales y a la comunidad internacional colocar los ojos sobre Chile ante la violación sistemática de Derechos Humanos.

El agua es vida lo dice MODATIMA

Escrito por Camilo Fernando Mansilla Quiñones
Geógrafo Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Magister (c) Geografía y Geomática Pontificia Universidad Católica de Chile
Mesa Nacional MODATIMA