El futuro de la Política Agrícola Común: las propuestas de Slow Food

De cara a la próxima reforma de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), la Comisión Europea ha puesto en marcha el pasado 2 de febrero una consulta pública con vistas a la modernización y simplificación de la PAC, abierta a todos los ciudadanos y a las organizaciones interesados.

Slow Food, junto a otras 150 organizaciones de la sociedad civil, ofrecía ya en marzo los primeros indicios sobre el futuro de la PAC en la declaración conjunta Good Food, Good Farming – Now.

Con la intención de ofrecer continuidad a este proceso participativo con las instituciones europeas, Slow Food ha respondido a la consulta planteada por la Comisión poniendo el acento en puntos clave de la futura reforma de la PAC, prevista para 2020.

La comisión ha estructurado la consulta privilegiando preguntas cerradas, con respuestas preestablecidas que, en algunos casos, resultan parciales, ambiguas y poco claras. No obstante, la Comisión ha permitido a su vez adjuntar a las respuestas un breve documento de posición. Slow Food ha decidido centrarse en particular en este documento para hacer hincapié en la necesidad de pasar de una política agrícola común a una política alimentaria en Europa, proponiendo medidas concretas.

En su documento de posición, Slow Food solicita:

• El cambio de una Política Agrícola Común a una Política Alimentaria Común, de forma que se tome en cuenta el sistema alimentario en su totalidad, incluyendo, en consecuencia, algunos problemas nada desdeñables como los sistemas de distribución y el despilfarro alimentario. El objetivo es conseguir un sistema alimentario en verdad sostenible, abandonando formas de producción alimentaria industriales. El cambio ya está en marcha, tal y como evidencia el desarrollo de formas de mercado alternativas respecto de las industriales, basadas en la colaboración de los diferentes sectores sociales. De hecho, recalcar que la alimentación no es un bien cualquiera, sino que detenta la característica fundamental de ser el fundamento de nuestra subsistencia. En consecuencia, ni puede ni debe ser tratada como un bien-mercancía, como se ha venido haciendo hasta ahora. Hoy es ya incuestionable que la lógica puramente industrial aplicada al sistema agrícola se muestra cada día más como un fracaso: en la Unión Europea se desperdician cada año 88 millones de toneladas de alimentos (el 20% de la producción alimentaria total), mientras que una de cada cuatro fincas agrícolas ha cerrado sus puertas durante el período entre 2003-2013. Y la situación no mejora desde el punto de vista ambiental: el 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero en la UE lo causa el sector agrícola. Estos números retumban en nuestros oídos desde hace ya tiempo.
• El reconocimiento de la soberanía alimentaria, entendida como “el derecho de los pueblos a una alimentación nutritiva y culturalmente adecuada, accesible, producida de manera sostenible y ecológica, y también el derecho a decidir un sistema alimentario y productivo propio”^[1]. La soberanía alimentaria es, con toda certeza, una herramienta eficaz para permitir a los ciudadanos reapropiarse de los recursos y los medios necesarios para combatir los desafíos reales a encarar por el actual sistema alimentario: del cambio climático a las crisis del mercado alimentario, de la pérdida de biodiversidad a la garantía de una rentabilidad justa para los agricultores, del acceso a los recursos naturales al respeto por los derechos de los trabajadores agrícolas.
• El apoyo concreto a los pequeños productores agroecológicos y a las producciones locales, en cuanto elementos fundamentales para un sistema alimentario sostenible. En efecto, son los pequeños productores agroecológicos quienes proporcionan toda una serie de servicios ambientales y sociales para la comunidad, que abarcan sin duda la producción de alimentos de calidad, pero a su vez permiten el mantenimiento del suelo y de los recursos naturales gracias al escaso uso de insumos químicos, al cultivo de variedades locales y a la protección de la biodiversidad. Las pequeñas fincas agrícolas, además, permiten una mayor utilización de mano de obra, y son una valiosa fuente de empleo y una ayuda para la economía local y, por consiguiente, para la conservación de las comunidades rurales.
• La promoción de prácticas agroecológicas basadas en el uso eficiente de los recursos, con presencia mínima, cuando no nula, de productos químicos, y en la sinergia existente entre las diferentes especies. En consecuencia, este modelo agrícola fomenta numerosos beneficios a nivel ambiental, garantizando el mantenimiento de la biodiversidad, la fertilidad del suelo y un óptimo rendimiento de los cultivos. Los sistemas agroecológicos diversificados, por otra parte, garantizan una rentabilidad económica adecuada y segura a los campesinos, que de esta forma no han de basarse en el éxito de un solo cultivo (con rendimientos muy dependientes de los movimientos del mercado o de eventos naturales imprevistos).
• Ayuda concreta a los grupos desfavorecidos, y de forma particular a quienes viven en zonas marginales (sobre todo de montaña) y a los jóvenes. El abandono de las zonas marginales por la falta de infraestructuras o de oportunidades de empleo es un problema muy relevante en toda Europa, considerando que precisamente aún se conserva una amplia biodiversidad. Otra tendencia negativa presente en la Europa de hoy es la extrema dificultad para los jóvenes de acceder al sector agrícola, desanimados por una parte por el aparente escaso rendimiento de tal actividad y, por otra, por la dificultad de acceso a los recursos necesarios, entendidos no solo en su calidad de préstamos, sino también de recursos naturales, y de forma particular a la tierra.
• Favorecer los procesos participativos, a fin de asegurar vías democráticas en las decisiones de políticas respecto de la alimentación. Productores, consumidores, organizaciones de la sociedad civil e investigadores, han de poder contar con un espacio político donde establecer las prioridades del sector y exponer a las instituciones una estrategia compartida. Tales espacios, además, pueden cumplir una función de “intercambio de conocimientos” entre quienes trabajan en el sector alimentario desde diferentes perspectivas, garantizando así la cohesión de las diferentes partes sociales, y evitando la concentración de poder en manos de un grupo de grandes compañías transnacionales.

Slow Food cree firmemente en el potencial de una política alimentaria común, pero el eje central de las prioridades necesita un ajuste a partir de las exigencias concretas de la población rural, que reclama un justo reconocimiento y apoyo a su labor, y de la población urbana, que exige una comida de alta calidad a un precio honrado.

^[1] Declaración de Nyéléni sobre la Soberanía Alimentaria, Malí, 2007.