Colombia: paz, equidad y justicia social. La difícil situación según la voz de Slow Food Colombia

21 May 2021

Recuerdo tal vez la primera vez que fui invitado a participar en Terra Madre en 2006: En su discurso de bienvenida a las comunidades del alimento de todo el mundo a Turín, Carlo Petrini, hablaba del poder del gesto, este enunciado sutil pero poderoso fue un aire de aliento al camino que había comenzado hace un años juntado mis preocupaciones como agrónomo y cocinero, sobre el poder del alimento, el poder simbólico que tiene un cocinero para nombrar la identidad de un territorio y su cultura, que tiene un gesto en la cocina para cambiar la realidad de un lugar, el poder que tenemos como agentes que actuamos en el campo para darle reconocimiento al trabajo y la identidad campesina, el poder que tenemos los ciudadanos desde nuestros actos diarios para incidir sobre el futuro del planeta.

Creemos en una sociedad donde el trabajo campesino sea justamente reconocido, donde la diversidad de nuestra cultura nos fortalezca y no haya ninguna razón para desconocerla, señalarla criminalmente o invisibilizarla como lo ha hecho este gobierno.

Marchamos porque la imperfección de esta “democracia” ha dejado de representar nuestra voz, porque creemos que una sociedad donde la gente disiente pacíficamente es una sociedad sana.

Eduardo Martínez, cocinero y activista de Slow Food Bogotá, miembro de la Alianza de Cocineros y Cocineras de Slow Food en Colombia

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Desde hace varios días se están produciendo protestas a gran escala en muchas ciudades colombianas contra el gobierno del presidente Iván Duque, que en algunos casos han desembocado en enfrentamientos muy violentos.

«El 28 de abril se inició un paro nacional en Colombia, este fue convocado por diferentes sectores sociales, ante la inminencia de una reforma tributaria totalmente lesiva para los colombianos, pero este no fue su único detonante. El origen de este paro deviene de una grave crisis política, social y económica, producto de un gobierno que no ha sabido escuchar el clamor de su pueblo por la paz, la equidad y la justicia social y que la pandemia agravó, con las medidas adoptadas para frenar la expansión del virus», dice Liliana Marcela Vargas Vásquez, coordinadora de los proyectos de Slow Food en Colombia.

«Uno de los sectores que se ha unido a este paro es el sector campesino, duramente golpeado en su economía por las restricciones impuestas para el acceso a los mercados en los centros urbanos durante la pandemia, pero también por los tratados de libre comercio que los ponen en una posición de desventaja frente a los productos agrícolas importados que están entrando y comercializándose en el país a precios más bajos. De igual manera aquellos campesinos y campesinas que están sufriendo el riesgo latente del regreso de las fumigaciones con glifosato, anunciadas por el gobierno», explica Liliana.

Desde el inicio del paro el gobierno se ha caracterizado por su falta de voluntad para el diálogo y por la adopción de medidas altamente represivas frente al justo derecho a la movilización social de la población Colombia. Al momento de la escritura de este artículo la campaña “Defender La Libertad Asunto De Todos”, ha registrado, 49 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 87 personas víctimas de violencias basadas en género, 578 personas heridas, 435 personas presuntamente desaparecidas, 846 denuncias por abuso de poder, autoridad, agresiones y violencia y 1,460 personas detenidas gran parte de ellas bajo procedimientos arbitrarios. [1]

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Aquì se muestra el comunicado de prensa de Slow Food Colombia.

Los miembros de la red de Slow Food en Colombia y activistas por el derecho a un alimento bueno, limpio y justo, declaramos nuestro pleno respaldo a las multitudinarias movilizaciones que se han desarrollado a lo largo y ancho de nuestro país. Enfatizamos, ante la comunidad internacional, que las marchas y protestas de la ciudadanía colombiana se han desarrollado con plena autonomía. Los y las manifestantes, así como aquellos y aquellas que, por motivo de la pandemia, no han podido expresarse en las calles, rechazamos públicamente las políticas regresivas del gobierno nacional que afectan de manera categórica, entre otros asuntos, la transición hacia la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y condenamos la cruel represión con que la fuerza pública ha intentado acallar el clamor nacional.

Las demandas de la actual movilización devienen de un sentido descontento de la población colombiana desde el año 2019, cuando el país se movilizó ampliamente reclamando la protección de nuestros líderes sociales y ambientales, rechazando las monstruosas desigualdades generadas por el modelo económico vigente (desigual, excluyente e insostenible) y reclamando nuestros derechos básicos a la salud, educación así como la implementación plena de los Acuerdos de paz. Sin embargo, ahora, nuevas problemáticas se suman y nos obligan a movilizarnos, aún en medio de un nuevo pico de la pandemia que amenaza como nunca nuestras vidas. No, no es una mano enemiga o terrorista la que promueve las marchas o paga por ellas. Es la necesidad de detener la injusticia y la indolencia de los poderosos.

La propuesta de una reforma tributaria, soportada en el esfuerzo de las clases media y baja pero complaciente con los más poderosos, pretendió imponerse en un momento de crisis económica generalizada en Colombia. Según las últimas cifras publicadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), para el año 2021 más de 21,02 millones de personas subsisten con menos de $331.688 mensuales, un monto que, según el DANE, constituye la Línea de pobreza en Colombia. Peor aún, 7,47 millones de colombianos viven con menos de $145.004 al mes, lo cual constituye la Línea de pobreza extrema y, por supuesto, dichos ingresos no son suficientes para lograr óptimas condiciones de salud y vida digna. Según las estadísticas oficiales del DANE, 2,4 millones de hogares (1,6 millones más que hace un año) no logran comer tres veces al día.

Entre tanto, los programas del Estado persisten en priorizar un modelo agroexportador, dejando a su suerte a nuestros campesinos y campesinas quienes no cuentan con el apoyo mínimo para alimentarse ellos mismo ni para proveer la demanda de los colombianos. Por otro lado, retorna la amenaza de las fumigaciones con glifosato, persiste la importación de productos alimenticios y recrudece la deforestación del territorio para la implementación de la ganadería extensiva y minerías extractivas.

Ante esta situación, reclamamos, con la comunidad internacional como testigo, la garantía de nuestros derechos fundamentales:

Por la protección de la vida de los manifestantes y el respeto al ejercicio del derecho a la protesta y movilización social, reclamamos el cese del accionar de las fuerzas del estado por fuera de los estándares de los derechos humanos.

Rechazamos también los actos de violencia que deslegitiman el derecho a la protesta.

Reclamamos el derecho a la vida y al debido proceso que merecen todos los ciudadanos colombianos.

Demandamos la atención esencial del Estado a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, en especial el derecho a la alimentación, a través de una renta básica universal que permita a las familias sortear las dramáticas dificultades que están viviendo en la actual situación de crisis.

Reclamamos la atención inmediata por parte del Estado al pequeño productor agrícola quien ahora, más que nunca, constituye el soporte fundamental para la supervivencia, la salud y las autonomías alimentarias de nuestra población.

Exigimos que el gobierno entable inmediatamente un verdadero diálogo con las fuerzas sociales que se están manifestando y atienda las justas demandas de los millones de colombianas y colombianos que se están movilizando.

Solicitamos a la comunidad internacional que nos acompañe a través de una veeduría a los diálogos que se han propuesto y el seguimiento a los acuerdos que de ellos surjan.

Finalmente, invitamos a todas las organizaciones que trabajan por el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria, y a la ciudadanía general, a contribuir con acciones que permitan superar la actual crisis y construir las condiciones para vivir en un país en paz, equitativo y con las garantías suficientes para que todas las personas puedan acceder a una alimentación buena, limpia y justa.

[1] https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-12-paronacional width=

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