¿Qué derechos para los pescadores?

El sector de la pesca está extremadamente diversificado. Se hallan por un lado las multinacionales, que se sirven de enormes naves-industria y numerosas otras embarcaciones, con millares de trabajadores esparcidos por todos los océanos y mares. En el otro extremo se hallan los pescadores artesanales, que capturan, a veces sin barca directamente, justo aquel pescado que sirve para nutrir a su familia y a la comunidad. La mayor parte de las actividades de pesca se sitúan entre estos dos extremos.

 

Quien conoce a los pescadores sabe cuán orgullosos están de su oficio, y cuán vinculados al mundo marino y a su forma de vivir.

 

Sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se trata de uno de los oficios más peligrosos.

 

La mayor parte de las veces se trabaja en un ambiente lleno de riesgos, donde la probabilidad de accidentes es altísima. En efecto, en ciertos países, la pesca es la labor más peligrosa. En caso de infortunio o enfermedad el pescador puede hallarse muy lejos de una estructura médica, y obligado por tanto a contar exclusivamente con sus fuerzas o las de sus colegas.

 

La pesca es un oficio de tradiciones que se conservan inmutadas desde hace siglos. Por ejemplo, en todo el mundo el pescador no es pagado con un sueldo fijo sino en base a la cantidad de lo pescado. En consecuencia, tiende a trabajar mucho y a prolongar el tiempo que pasa en la mar aun en condiciones meteorológicas adversas: una práctica que acrecienta los percances.

 

Los pequeños pescadores, además, deben afrontar la disminución de los recursos y la competencia de la pesca industrial y de los furtivos. Estas circunstancias los impulsan frecuentemente a correr grandes riesgos. Para mantener vital y sostenible una de las profesiones más antiguas del mundo, es necesario e importante, hoy más que nunca, adoptar procedimientos para proteger de forma adecuada a los hombres que viven de tal actividad. 

 

 La pesca moderna intensiva no es una solución ni siquiera en materia de justicia social: la globalización del sector se ha traducido con frecuencia en unas relaciones sociales quebradas, tanto entre los trabajadores implicados como en las poblaciones costeras.

 

Muchos pescadores, sobre todo en Asia, trabajan en embarcaciones que operan en aguas lejanas, registradas bajo bandera diferente de la del país de pertenencia. Si bien muchos de ellos perciben más dinero de lo que podrían ganar en su propio país, hay muchos hombres sometidos a condiciones terribles, tal y como explica la OIT: horas de trabajo interminables y monótonas, relaciones de trabajo opresivas, condiciones de vida peligrosas, abuso de derechos fundamentales, injusticias económicas y, en general, una gran vulnerabilidad.

 

La aseguración se limita a cubrir las enfermedades y los accidentes ocasionados durante las operaciones de pesca, mientras que de los salarios se retienen cantidades considerables para cubrir hipotéticos gastos a bordo de la embarcación. La diversidad cultural, por otra parte, hace difícil la sindicalización. Los pescadores deben hacer frente a la falta de documentos, de curas médicas y asistencia jurídica, al no respeto de los contratos, a “shocks” culturales y barreras lingüísticas, a la ausencia de ropa de trabajo apropiada.

Finalmente, la lucha contra la pesca ilegal y la sobrepesca suponen a veces fuertes reacciones contra los trabajadores: no causa extrañeza que los marineros sean abandonados en puertos extranjeros sin asistencia por parte del empresario, que acaso ha quebrado, cuya embarcación ha sido embargada o bien se halla en el centro de un conflicto militar o político; no es extraño ver a marineros presos en una nave y sin asistencia jurídica. Tras la privatización de la flota del ex bloque del este europeo, han sido numerosos los marineros abandonados a su destino o que han permanecido durante periodos larguísimos sin paga.

Para hacer frente a estos problemas, la comunidad internacional adoptó en 2007, en el seno de la OIT, una nueva Convención sobre el trabajo en la pesca. El acuerdo entrará en vigor una vez haya sido ratificado por diez (de ellos, ocho Estados costeros) de los 180 estados miembros de la Organización; en ese momento cubrirá a más del 90% de los trabajadores del sector de la pesca industrial y a la inmensa mayoría de los pescadores que trabajan en pequeñas embarcaciones.

Durante la reunión del Comité de pesca FAO, celebrada en Roma el 4 de marzo de 2009, el Forum mundial de los pueblos pescadores (WFPP), el Colectivo internacional de apoyo a los trabajadores de la pesca y el Comité Internacional de planificación para la soberanía alimentaria (IPC),han participado en un laboratorio denominado “Por una pesca sostenible”: pesca responsable y derechos sociales. Y han propuesto a la FAO la inclusión en el Código de conducta por una pesca responsable, de un capítulo sobre el desarrollo sostenible de la pesca de pequeña escala, de forma que «todas las comunidades indígenas, las mujeres y los hombres de la pesca tengan acceso a los derechos sociales, económicos y culturales, así como a los derechos civiles y políticos.»


Dado que muchos de los problemas de la pesca y de la acuicultura tienen su origen en una modernización sin límites del sector, una prioridad de las políticas gubernamentales debería ser la de proteger de manera más eficaz, tanto desde el punto de vista social como desde el cultural, a los pescadores artesanales y sus comunidades, teniendo en la debida cuenta las constricciones ligadas a los recursos.