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¿Está el océano en venta?

Las reservas ícticas, patrimonio común de la humanidad


Al igual que la atmósfera o el universo, el mar es un espacio abierto que, más allá de las aguas costeras, no pertenece a ninguna nación o pueblo en particular, aun cuando estos, durante siglos, hayan extraído directamente alimentos que ellos no han producido. Los océanos son un recurso de todo el planeta, un bien común de la humanidad porque cumplen un papel demasiado importante. Jamás deberíamos olvidarlo. Es inaceptable, por eso, que algunas naciones o lobbies se arroguen el derecho de pescar hasta la extinción especies amenazadas como el atún rojo, y contribuyan a destruir los ecosistemas con el único fin de extraer beneficios a corto plazo. Si una especie de pescado desaparece, lo hace para toda la comunidad humana, y esta pérdida repercute mucho más allá de esa especie en si: de hecho, con frecuencia es toda la cadena trófica la que sufre las consecuencias, dado que los equilibrios oceánicos son extremadamente frágiles. Las ballenas no pertenecen al Japón o a Islandia, las sardinas del Mediterráneo no pertenecen a los italianos: pertenecen al océano. Y sin embargo, hoy más que nunca, los recursos ícticos son considerados como simples mercancías y no como un patrimonio común de recursos naturales; en nuestra economía globalizada, el pescado es hoy uno de los productos más comercializados en el mundo.

 

Comparado a veces con un “Far West sin sheriff”, el sector está dominado por la ley del más fuerte. El omnipotente coloso japonés Mitsubishi detenta el 60% del comercio del atún rojo del Atlántico. El 40% de los criaderos chilenos de salmón se halla en manos de unas pocas multinacionales.

Si no se adopta un nuevo enfoque respecto de la pesca y su consumo, en pos de la gestión global de un patrimonio común de recursos limitados, las dramáticas consecuencias sociales y ambientales de las prácticas actuales pueden devenir irreversibles. Diversos factores de naturaleza tecnológica, económica y jurídica han provocado que prevaleciese una visión puramente mercantilista de los recursos ícticos.

 

El factor tecnológico

 

Hasta hace algún decenio, el equilibrio entre lo producido por los ecosistemas y lo retirado por los hombres se asentaba sobre el reducido radio de acción de las actividades humanas: las zonas de pesca estaban circunscritas al litoral costero (en cuanto a distancia) y a toda o parte de la plataforma continental (en cuanto a profundidad). Sin embargo, a partir de los años cincuenta la industrialización ha hecho posible la explotación de zonas geográficas hasta entonces inaccesibles. La mecanización de los arneses de pesca, la mejora de los medios de tracción y la intensificación de las actividades han conducido a una excesiva y crónica explotación de los mares y de los océanos. Hoy es ya ampliamente reconocido que la difusión de la pesca industrial ha coincidido con la progresiva degradación de los recursos ícticos, mientras que la pesca artesanal existe, y continúa siendo practicada, desde hace miles de años.

 

El factor jurídico

 

A partir por lo menos del siglo XVII, es el principio de libertad el que domina el derecho del mar, de origen prevalentemente consuetudinario: el mar y los océanos están abiertos a todos y no pertenecen a nadie, a excepción de una estrecha franja a lo largo de la costa, donde el estado ribereño ejercita una plena soberanía (tres millas marinas en el siglo XVII, es decir, el equivalente al alcance de una bala de cañón). Los espectaculares progresos y los riesgos asociados a las actividades humanas han suscitado que a lo largo del siglo XX se multiplicasen las reivindicaciones relacionadas con los mares. Esta circunstancia ha inducido a la comunidad internacional a dotarse de un régimen común, ampliamente basado sobre el principio de la libertad de los mares. Desde hace una veintena de años se han venido adoptando instrumentos jurídicos y planes de acción a fin de establecer una “governance” de los mares y de los océanos. La firma en 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho en el mar (UNCLOS) determinó el primer paso político significativo en el sentido de que los océanos son patrimonio común de la humanidad. Entrada en vigor en 1994, la convención ha sido ratificada hasta hoy por 160 estados de los cerca de 190 que forman parte de la comunidad internacional. El acuerdo define los límites de la jurisdicción de los estados sobre el océano, el acceso al mar, la navegación, las investigaciones científicas, la protección del ambiente marino, la explotación de los recursos vivos, el estatuto legal de los recursos de los fondos oceánicos en las aguas internacionales y la regulación de los conflictos. La mayor parte de los países industrializados la ha ratificado, a excepción de Estados Unidos. Según el derecho del mar, las áreas costeras están constituidas por una zona que se extiende hasta 12 millas náuticas a lo largo de las costas de los estados (zona de soberanía territorial), y de una zona denominada de exclusividad económica (ZEE), que se extiende hasta las 200 millas náuticas (370 km) a lo largo de las costas. En esta última zona, el estado ribereño dispone de «derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, de las aguas subyacentes a los fondos marinos, de los fondos marinos y de sus subsuelos». El estado ribereño, por tanto, puede reglamentar las actividades de pesca, en particular fijar el volumen autorizado de capturas, y establecer acuerdos comerciales con otros estados y compañías operadoras de la pesca.

Más allá del límite de las 200 millas comienzan las aguas internacionales, que representan cerca del 64% de la superficie de los océanos. Estas aguas corresponden al 80% de la biosfera del planeta y comprenden extensos ambientes oceánicos y abisales que se encuentran entre las zonas menos exploradas y documentadas de la Tierra. En las aguas internacionales, la libertad de pesca está condicionada a la disponibilidad de todos los estados interesados en cooperar a fin de garantizar la defensa y la sana gestión de las reservas ícticas. Finalmente, la zona internacional de los fondos marinos comienza allá donde tienen su fin las plataformas continentales. Esta zona impide cualquier tipo de apropiación: «Bien común», debe ser utilizada «con fines exclusivamente pacíficos» y utilizada «en beneficio de toda la humanidad». Con todo, la adopción en 1995 de un Acuerdo sobre el uso de las especies migratorias y de un Código de conducta para la pesca responsable, demuestra que muchos países comienzan a tomarse en serio la amenaza que pende sobre los recursos vivos de las aguas internacionales. A nivel práctico, la obligación de hacer operativos estos y otros instrumentos jurídicos fundamentales compete a los organismos regionales de gestión de la pesca (diecisiete, actualmente, en su mayor parte instituidos después de la II Guerra Mundial). Mas, visto que se trata de organismos voluntarios, que los intereses económicos son con frecuencia más fuertes que la voluntad política de defender el ambiente, y que las zonas a controlar son inmensas y la carencia de medios crónica, tales instituciones son, en la mayor parte de los casos, consideradas como muy deficitarias. El resultado es que los instrumentos internacionales existentes, no aplicados de manera coordinada, tienen dificultades para responder a los objetivos para los que fueron concebidos.       

 

El factor económico


En su informe sobre la liquidación de los océanos, basado en datos suministrados por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y la Unión Europea, Greenpeace ha analizado los reflejos de la apertura de los mercados sobre la evolución a largo plazo de los recursos ícticos y sobre los beneficios económicos de la pesca en algunos países. La conclusión es clara: la reducción de los derechos de aduana ha estimulado las exportaciones y en poco tiempo ha determinado una explotación excesiva y dramática de las reservas de pescado con valor comercial. Resultado: ecosistemas marinos destruidos y seguridad alimentaria local amenazada. Según Greenpeace, si no se provee cuanto antes a reforzar la reglamentación y gestionar la pesca de forma rigurosa y concreta, se deben abandonar inmediatamente los planes de liberalización salvaje del mercado de la pesca, porque el consecuente excesivo disfrute de los recursos provoca resultados sociales y ambientales gravísimos.  

 

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Además de todo esto, algunos países sobreexplotan los recursos ícticos de otros mediante acuerdos comerciales, que ignoran no sólo la defensa de la biodiversidad, sino también los más elementales derechos de pueblos que desde hace siglos han desarrollado una relación armoniosa con los recursos. Estos “acuerdos”, en general, se conciertan entre gobiernos de países del hemisferio norte y gobiernos de países pobres, que malvenden de esta forma sus propias aguas territoriales, muy ricas en pesca pero con las reservas en un rápido declive. Es el caso, por ejemplo, de los países del África occidental. Tales prácticas son cuanto menos discutibles desde el punto de vista de los derechos humanos y de la seguridad alimentaria de los países más pobres.

 

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La globalización y la racionalización de los mercados han conducido asimismo al uso intensivo y al transporte a largas distancias de harinas de pescado, preparadas con peces comestibles para el hombre, pero destinadas a alimentar a animales, aun domésticos. Cada año se transforman 30 millones de toneladas de pequeños peces (anchoas, sardinas, caballas, arenques, lanzones, espadines, pescadillas) en harina y aceite destinados a nutrir pollos, cerdos y peces de alto valor comercial. La producción y la demanda de harina de pescado se hallan en constante aumento: a día de hoy China es el principal usuario.   

 


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